RESUMEN DE LA NOTICIA El Ministerio de Igualdad ha renovado el contrato de las pulseras telemáticas contra maltratadores con la misma UTE fo...
El Ministerio de Igualdad ha renovado el contrato de las
pulseras telemáticas contra maltratadores con la misma UTE formada por Vodafone
España y Securitas Seguridad España, pese a los fallos de cobertura, las falsas
alertas, las incidencias de geolocalización y los problemas derivados de la
migración informática registrada desde 2024. La adjudicación propuesta asciende
a 71,37 millones de euros y puede superar los 111 millones si se ejecutan las
prórrogas previstas.
La continuidad de la actual adjudicataria llega después de
que el propio Ministerio anunciara una auditoría externa para analizar los
fallos del sistema Cometa, cuyas conclusiones no se hicieron públicas antes de
avanzar con la renovación. También se produjo después de una sanción de 25.285
euros a Vodafone por una incidencia registrada el 11 de noviembre de 2025, que
afectó al servicio durante casi 13 horas.
Un informe técnico elaborado para la asociación La Volaera
advertía de que varias de las mejoras incluidas en la nueva licitación eran muy
difíciles de ejecutar en los plazos previstos. El análisis señalaba que la
principal ventaja de Vodafone-Securitas frente a otros operadores era
precisamente seguir siendo la adjudicataria actual, ya que la transición
tecnológica exigida resultaba prácticamente inviable para una empresa que no
estuviera ya gestionando el sistema.
Los fallos del sistema no se limitan a problemas de
cobertura. También se apuntan falsas alarmas, avisos que no llegan a tiempo,
pérdida de confianza en el mecanismo y dificultades para garantizar una
respuesta eficaz en situaciones de riesgo. En varios casos recientes, las
incidencias han vuelto a poner en cuestión la fiabilidad de las pulseras
telemáticas cuando más se necesita su funcionamiento.
En Zaragoza, un juzgado archivó recientemente un
procedimiento por quebrantamiento de una orden de alejamiento después de que un
informe del propio Centro Cometa reconociera que el dispositivo había generado 34
falsas alarmas. El sistema admitía que esas incidencias podían deberse,
entre otros motivos, a batería insuficiente o a una cobertura deficiente, sin
que hubiera existido necesariamente un acercamiento real.
En ese procedimiento intervino Simón Lahoz, abogado de la
defensa. El informe técnico solicitado al Centro Cometa fue determinante para
desmontar la acusación y evitar que su cliente fuera juzgado por unos hechos
que finalmente quedaron archivados. Lahoz advirtió del doble riesgo que generan
estos fallos: que una persona pueda ser condenada sin haber quebrantado la
orden o que, por la acumulación de falsas alarmas y el “efecto del cuento del
lobo”, una alerta real no reciba la reacción necesaria y la víctima acabe
sufriendo una agresión.
